Cancillería chilena alerta que cobro fijado por Venezuela a trámites afecta su política migratoria

Escrito por Redacción el . Publicado en Internacionales

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Cancillería chilenaUn documento llegó este jueves a Caracas desde Chile, en la que se manifiestan las inquietudes de la Cancillería chilena respecto del cobro de US$ 50 que la embajada venezolana realiza a sus ciudadanos para validar su certificado de antecedentes penales.

El documento es requerido en el proceso extraordinario de regularización migratoria y hasta la semana pasada los venezolanospodían simplemente solicitarlo vía web a su país e imprimirlo, sin la necesidad de pasar por la revisión y pagar por esta.

El cambio en las reglas -que según el Departamento de Extranjería y Migración se debió a información que llegó desde Venezuela– inquietó a la comunidad de ese país que vive en Chile y también a las autoridades. “Estas medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela tienen impacto en nuestra política migratoria”, afirmó ayer el canciller Roberto Ampuero.

Asimismo, indicó que su cartera envió “una nota a Venezuela, planteando de forma bien precisa nuestra preocupación por esta medida”. Añadió. “Seguimos atentamente esta situación”. En el proceso extraordinario de migración se inscribieron 31.682 personas de esa nacionalidad.

La postura manifestada en la nota que se envió a Caracas también se hizo saber a Venezuela de forma presencial. Durante la mañana, el director general de Asuntos Consulares y de Inmigración de Chile, Raúl Sanhueza, se reunió con el encargado de negocios de la embajada venezolana, el ministro consejero Emilio Arcia.

Se le planteó que respetamos el derecho soberano de cada país a poner sus normas, pero también pedimos que se respetara la política migratoria chilena, que mira a proteger al migrante venezolano”, relató Sanhueza. En la reunión se acordó que Venezuela contestaría la nota enviada por la Cancillería. “Para aclarar todo, esa es la mejor manera. Seguramente la respuesta la vamos a tener mañana”, agregó.

De todas formas, añadió el diplomático chileno, en el encuentro se expuso a Venezuela que “nos reservábamos el derecho a tomar las medidas administrativas que estimáramos necesarias respecto del cobro y ellos lo entendieron perfectamente”. Ya que el asunto afecta a migrantes venezolanos radicados en Chile, la decisión de tomar acciones pasaría por el Ministerio del Interior.

María Laura Liscano, presidenta de la organización Amigos de Venezuela, valoró las palabras del canciller Ampuero. “Me siento bastante contenta, agradecida”, dijo.

Es notorio que el gobierno chileno, en general, ha tenido una cercanía bastante grande con nuestro pueblo y la realidad que vivimos. Por eso apelamos a que, ya que ellos conocen cuál es la realidad nuestra, nos acepten los antecedentes penales sin pasar por el consulado”, explicó.

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