Control por la ley

Escrito por admin el . Publicado en Opinión

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Francisco-Arias-CárdenasAutor: Francisco Arias Cárdenas

Fecha de Publicacion: 25-08-15

No es contra los colombianos, es contra el paramilitarismo y sus aliados

Tenemos como vecino a un país que ha sufrido, durante los últimos 67 años, una guerra interna generada por la injusticia social. Como en todo país víctima de un conflicto bélico, un significativo porcentaje de la población ha emigrado durante medio siglo, escapando de la violencia, de la miseria, y algunas veces del sistema jurídico.

Los venezolanos los hemos acogido como lo que son, hermanos en la historia, y por ello tuvimos el honor de albergar en la patria a personajes tan ilustres como Gabriel García Márquez, y a todo un contingente de obreros, artesanos, de agricultores, de mujeres y hombres de trabajo.

Pero en esa migración espontánea se introdujo un perverso cambio desde hace una década, cuando el paramilitarismo -promovido por un sector de la oligarquía colombiana, organizado en las AUC- fue aparentemente desmovilizado, e infiltrado en nuestro país como operadores violentos de toda la gama de delincuencia y terror en que han sido entrenados.

Nada es casual.

La ultraderecha internacional está involucrada en la guerra económica y mediática que ha torpedeado al gobierno bolivariano desde el inicio. Y el paramilitarismo que atenta contra la seguridad integral de nuestro pueblo no es sino la expresión armada de ese acoso.

De allí la pertinencia de la medida que, valientemente, ha asumido el presidente Nicolás Maduro en el Táchira, de controlar y restringir el tráfico de la frontera con Colombia.

No es contra los colombianos, es contra el paramilitarismo y sus aliados. El gobierno colombiano debería asumir la responsabilidad de colaborar contra un mercado ilegal que ha arruinado a los pequeños empresarios de su propio pueblo.

El Estado de excepción que se ha decretado, establecido en la Constitución bolivariana, protege medularmente las garantías constitucionales referidas a los derechos humanos.

Muy diferente es esta medida a la suspensión de garantías que contenía la Constitución de 1961 y que fue usada y abusada por los gobiernos hasta 21 veces entre los años 1960 y 1998.

Tengamos siempre presente la historia.

 

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